Un Gobierno Que NO Escucha...

“... y no aprende” 

La nula capacidad de escucha del gobierno de Sebastián Piñera quedó retratada a pocos días de haberse iniciado la crisis que vivimos actualmente en Chile. En ese entonces el Presidente anunció una “agenda social” que incluía medidas tales como el aumento en un 20% de la pensión básica solidaria (unos 20 mil pesos de alza) o la creación del sueldo mínimo garantizado, entre otras medidas. Todas estas ideas, sin embargo, resultaron absolutamente insuficientes a ojos de la población y sonaron más bien a parches que lejos de modificar estructuralmente al modelo económico insistían en hacer del Estado un ente subvencionador de instituciones privadas. Dicho en simple: el gobierno insistió en que el Estado le financiase el negocio a privados. 

Las marchas y protestas continuaron, se comenzaron a mezclar con los desórdenes e incidentes serios tanto en Santiago como en regiones y el gobierno volvió a mostrar una absoluta incapacidad para manejar toda esta ola de descontento y violencia. Primero sacando a las fuerzas armadas a la calle, decretando toque de queda durante una semana y reprimiendo duramente a la población mediante un uso excesivo de la fuerza. Es decir, Sebastián Piñera mostró un nefasto manejo de la crisis tanto en lo político como en lo social, acrecentando de manera enorme el descontento hacia su labor, asunto que tampoco mejoró tras el (tardío) cambio de gabinete que removió del cargo a su mano derecha Andrés Chadwick, sindicado por muchos como el principal responsable de la violencia vista en las calles. 

Pues bien, a toda esta sumatoria de errores y falta de visión se suma lo ocurrido hoy jueves 7 de noviembre, en que Sebastián Piñera se ha dirigido al país anunciando una llamada Agenda de Seguridad, un paquete de medidas que buscan acrecentar las penas para quienes protestan además de convocar al Consejo de Seguridad Nacional, en un acto que evidentemente busca dar en el gusto a sectores más conservadores del mundo de derecha que estaban exigiendo más “mano dura” frente a los incidentes. 

¿Y del problema de fondo? Ni una palabra. Sebastián Piñera y su gobierno insisten en quebrar el diálogo, en no ceder ante las demandas ciudadanas y no abrirse a revisar reformas estructurales al modelo, dejando instalada la sensación de que esto solo empeorará. 

La Batalla De Chile

Se sabía que el modelo chileno desde hace un buen tiempo a la fecha se caía a pedazos. Desde el momento en que comenzó a mostrar sus primeros resultados, por ahí por 2004-05, con las primeras pensiones de miseria, endeudados en Educación Superior o índices de desigualdad, que se comenzó a oler en el ambiente la necesidad de comenzar a realizar cambios estructurales en la economía del país. En lo personal tengo todo esto muy presente por haber participado en ese entonces en la campaña presidencial de Tomás Hirsch, candidato por la izquierda del extinto conglomerado Juntos Podemos. Eran tiempos muy distintos, con el Partido Comunista sin representación en el parlamento y donde nuestro llamado hacia la conciencia no era escuchado por la sociedad, menos por el mundo político. Sin ir más lejos, el electo gobierno de Michelle Bachelet (su primer mandato) no hizo sino proponer cambios cosméticos al modelo, profundizando primero el sistema de pensiones mediante aportes del Estado (el Aporte Previsional Solidario, un ejemplo) y luego, tras la llamada “revolución de los pinguinos” en 2006, cambiando en educación la LOCE por la LGE. Todos estos fueron cambios insuficientes por supuesto.

La llegada de Sebastián Piñera y la derecha al poder en 2010, luego de dos décadas de gobiernos Concertación, agudizó las contradicciones al punto de generar una “Nueva Mayoría” (que reunió fuerzas de centro izquierda que abarcaron desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista) dispuesta a realizar en 2014-18 modificaciones estructurales al modelo. Y así fue, o a menos se intentó. El segundo período de Michelle Bachelet por primera vez en casi cuarenta años se la jugó por un alza tributaria importante más una profunda reforma en educación, que abordó una gratuidad parcial en Educación Superior e importantes medidas apuntadas al fin del lucro y selección en Educación Secundaria. Frente al peligro de perder sus privilegios, la derecha (como siempre) utilizó su arsenal comunicacional y mediante una campaña del terror, sumado a errores de cohesión al interior de la coalición gobernante, logró derribar al gobierno y recuperar el poder. 

Toda esta historia previa la recuerdo únicamente para contextualizar el que esta lucha contra el modelo económico chileno, impuesto en dictadura y profundizado en democracia al menos entre 1990 - 2014, no es nueva. Hoy el problema es uno solo: vivimos en un país que ha externalizado en su totalidad sus servicios. Educación, salud, medicamentos, pensiones, transporte y carreteras, etc. Todo donde miremos en Chile se encuentra en manos de privados, y por tanto, son un negocio de unos pocos. Chile se encuentra al servicio de los monopolios. Si a eso agregamos una política de chorreo que ha perpetuado diferencias sociales por más de treinta años, no podemos sino estar frente a un escenario macabro, frente a una pobreza disfrazada que ha acabado por explotar en estos días entre actos de insurrección masiva, violencia y vandalismo.  

Por si fuese poco, estamos frente a un gobierno que no ha sabido comprender el problema, declarando pésimo, riéndose de la ciudadanía en diversos momentos, vandalizando la protesta y entregando supuestas soluciones que lejos de calmar a la población han exacerbado más los ánimos. 

Chile necesita con urgencia políticos a la altura de la circunstancia y comenzar a avanzar definitivamente hacia un Estado de Bienestar que pueda, en el largo plazo, dignificar la vida de su población. El experimento neoliberal chileno fracasó. Y mientras antes lo asuma la clase política, antes podremos avanzar. 

Ha llegado carta...

¿Para quién? Para mi.

¿Qué dice? Que los chilenos no somos todos iguales ...

Una semana atrás aproximadamente recibí un correo del Ministerio de Educación con una carta firmada por la Ministra Marcela Cubillos en donde se hablaba de un proyecto (inicialmente rechazado por la oposición) titulado "admisión justa". En esta carta se nos explica a los lectores que este gobierno considera injusta la metodología de admisión escolar creada por el anterior gobierno de Michelle Bachelet, la cual (yendo al grano) indica principalmente lo siguiente:

- Se entrega prioridad para mantenerse en un colegio a los estudiantes actualmente matriculados ahí. Incluyendo estudiantes repitentes (es decir, el modelo no habla de expulsar a estudiantes que repitan año sino que insta al establecimiento a hacerse cargo de dichos casos).

- El sistema asegura al menos dos cupos por aula para estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes. 

- Para quienes postulen a un colegio se establecen las siguientes prioridades: postulantes con hermanos ya matriculados en el establecimiento posee primera prioridad, postulantes en situación de vulnerabilidad una segunda y tercera prioridad tendrán postulantes que sean hijos de funcionarios de la escuela.

- Finalmente aquellos postulantes a colegios que no se encuentren entre dichas prioridades antes mencionadas son asignados con un número y aleatoriamente distribuidos entre colegios a los que hayan postulado. 

Este último punto parece incomodar al actual gobierno y a la ministra Cubillos, quien manifiesta en su carta el que deberían los antecedentes académicos ser variable a considerar a la hora de postular a una escuela. Es decir, el que los colegios puedan realizar una prueba de Lenguaje y Matemática a sus estudiantes y seleccionar (esa palabrita que tanto le encanta a la derecha) que niños pueden entrar al colegio y quienes no, que estudiantes ayudarán a subir el primedio SIMCE (o PSU) y cuales no. Que estudiantes sirven... y cuales no. 

Esta situación se condice con la reciente noticia de la intención del gobierno de avisar/advertir a padres y madres respecto a que colegios poseen buenos índices académicos y cuales no. Es decir, una insistencia en la política de concentrar a los "buenos con los buenos y los malos con los malos". Una insistencia en la política segregadora que tanto daño le causó a este país durante treinta años pero que este gobierno insiste en querer perpetuar.